La Cámara de Diputados está programada para analizar la propuesta de la Ley Federal de Ciberseguridad presentada por el diputado Javier López Casarín. Esta iniciativa, que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de espionaje en el ciberespacio, está generando preocupación en diversas organizaciones.
La metodología para el dictamen de la iniciativa fue aprobada en las comisiones unidas de Seguridad y Ciencia de la Cámara de Diputados. Está previsto que entre el 19 y 20 de febrero se lleven a cabo reuniones con representantes de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia. La discusión y votación del dictamen se esperan para el 28 de febrero, lo cual ha suscitado inquietud en varias organizaciones que alertan sobre los riesgos asociados a la aprobación de esta iniciativa.
La propuesta de Ley Federal de Ciberseguridad fue presentada en abril de 2023 por el diputado Javier López Casarín, quien argumenta que busca abordar los riesgos y proteger los activos de los usuarios en el ciberespacio. Sin embargo, diversas organizaciones, como Artículo 19 y Red en Defensa de los Derechos Humanos (R3D), han señalado los peligros de militarizar el ciberespacio.
R3D destaca que la iniciativa aborda exclusivamente el tema desde la perspectiva de seguridad nacional, otorgando a las Fuerzas Armadas la capacidad de monitorear el ciberespacio. En caso de aprobarse, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina tendrían la autoridad no solo para monitorear, sino también para intervenir comunicaciones privadas que consideren sospechosas e ilegales.
La organización advierte que, con la Ley Federal de Ciberseguridad, se faculta a las Fuerzas Armadas para dar de baja direcciones IP, dominios y sitios web de manera discrecional. Además, los particulares estarían obligados a proporcionar información solicitada por las autoridades "sin definir procedimientos ni requisitos".
Artículo 19 subraya el profundo desconocimiento de derechos humanos en el entorno digital y la falta de comprensión de las tecnologías y la economía digital en la propuesta del diputado López Casarín. Argumenta que la mala técnica legislativa podría invadir competencias de órganos constitucionales autónomos y conducir a resultados inviables o imposibles.
